04/11/2020
Este barrio, según el Plan Estratégico de Vivienda, supera la media municipal de pisos desocupados
La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló ha empezado a realizar el proceso de comprobación de viviendas vacías de grandes propietarios a través de la empresa que ha elaborado el Plan Estratégico de Vivienda y de los recibos de consumo de la concesionaria municipal del agua. La concejalía subraya que el zona del Raval Universitari tiene un 18 % de viviendas vacías, dos puntos por encima de la media de la ciudad, según el Plan Estratégico, y denuncia que es el barrio donde más fuerza están operando los fondos buitre.
La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, subraya que el primer diagnóstico del Plan de Vivienda ha arrojado “ha venido a confirmar una realidad que venimos denunciando desde hace tiempo, como el uso por parte de las entidades financieras y fondos buitre de viviendas vacías para especular e incrementar el precio del alquiler”. Subraya que una de las zonas más afectadas es el Raval Universitari, “donde antiguas VPO han sido ocupadas pro sociedades, que obligan a sus inquilinos a abandonar sus alquileres a pesar de estar al corriente del pago para luego aumentar el precio del mismo”.
Afirma que de las 6.470 viviendas registradas en la zona estación-Raval Universitari que recoge el Plan Estratégico, 1.153 están desocupadas, mientras 1.079 son de alquiler. Del total de 6.470 se estima que un 10 % son propiedad de grandes tenedores.
La concejalía resalta que las nuevas ordenanzas fiscales recogen un recargo de un 50 % del IBI de viviendas vacías de grandes tenedores (con más de diez posesiones” que lleven un año sin usar, al mismo tiempo que se congratula de de que el proyecto de presupuestos de la Generalitat recoja otro impuesto especial para las citadas viviendas deshabitadas.
Asimismo, confía en que la Conselleria de Vivienda inicie un expediente sancionador contra los fondos buitre de la ciudad “por abusos inmobiliarios”. “No podemos consentir que en plena crisis algunos especulen a costa del derecho constitucional a la vivienda”, remarca Garrido.
