22/04/2018
Los firmantes del Acord del Grau exigirán, con motivo de la celebración del pleno del mes de abril, que el Gobierno español renuncie a un nuevo Programa Especial de Armamento y que, en su lugar, destine los recursos previstos en este gasto militar a reforzar los servicios públicos esenciales, como son la educación, la sanidad, la dependencia y, especialmente, el sistema de pensiones. Además, solicitarán al Gobierno que impulse una cultura de la paz y del desarme.
Las tres fuerzas reclaman la renuncia a este gasto, que supone 10.850 millones de euros para compra de armas, vehículos de combate, fragatas o aviones de entrenamiento, entre otros, ya que "mientras tanto, los ciudadanos continuamos padeciendo los recortes por parte del gobierno de Rajoy, viendo menguado nuestro derecho al acceso a una vivienda o el derecho a unas pensiones públicas dignas".
La declaración institucional promovida por PSPV, Compromís y Castelló en Moviment alude al informe "Los despropósitos del gasto militar", del Centro de Estudios por la Paz, que recoge que el gasto militar de 2017 en España fue de 18.776 millones de euros, 2.000 millones más que el año anterior. Esta cifra supone que cada español contribuyó mediante su renta con 404 euros de media anual destinados a esta finalidad.
El gasto militar español supone un 1,64% del PIB, superando con creces el 1% que destaca la ministra de Defensa y acercándose a lo que la Casa Blanca reclama a sus socios de la OTAN. No obstante, estas elevadas cifras, no contabilizan el total de gasto dada la opacidad con la que el Gobierno de España trata estos datos. Y es que, por un lado, camuflan gastos militares en partidas de otros ministerios y, por otro, se presupuesta mucho menos de lo que realmente se acaba gastando, ya que las cuentas se modifican una vez aprobados los presupuestos, dotando así de recursos suplementarios estas partidas.
Es llamativa la cifra que supone el gasto militar cuando la comparamos con otras partidas. Así, obtenemos la misma cifra que al sumar las partidas de Fomento del Trabajo (5.499 millones), Infraestructuras (5.392 millones), Sanidad (4.093 millones), Educación (2.525 millones) y Cultura (801 millones).
