17/10/2017
La alcaldesa de Castellón se opone a cualquier intento de mantener el pago en la autopista o prorrogar la concesión.
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, arremete contra los "peajes blandos" que pretende imponer el Gobierno de Rajoy cuando acabe la concesión de la AP-7, según están dejando entrever los dirigentes provinciales del Partido Popular. "Castellón no quiere más peajes, quiere una autopista libre y gratuita, porque ya hemos pagado mucho por usar una infraestructura estratégica para la economía de la capital y la provincia", afirma.
Marco reclama al Gobierno que confirme la supresión de cualquier tipo de peajes tras la finalización del final de la concesión de la autopista de peaje AP-7, en 2019. "Pedimos que el Gobierno renuncie a fórmulas de gestión que nos obliguen a pagar por usar una autopista que ya la hemos pagado varias veces", indica. "No consentiremos que se nos imponga un nuevo peaje o que se saque de nuevo la concesión de la explotación", añade.
Las recientes manifestaciones de líderes del PP que anuncian la continuidad de peajes en la AP-7 son, a juicio de la alcaldesa, "una muestra más del agravio al que estamos siendo sometidos por el un Gobierno que no quiere atender las reclamaciones justas de los castellonenses". Esta decisión, a su juicio, mantendría la situación de "marginación" con respecto a otras zonas de Castellón que tienen una reda de comunicación más moderna y gratuita.
Marco recuerda la situación de "colapso" que registra la carretera Nacional 340, con un exceso de tráfico y una siniestralidad preocupante. En ese sentido, reclama "un trato justo" desde el Gobierno central y "sobre todo, que se confirme de una vez por todas que dejará de haber un peaje en la autopista". "Es una demanda justa y estamos dispuestos a defenderla donde corresponda".
Colectivos sociales, ciudadanos y políticos han demandado desde hace décadas el final de los peajes en la autopista AP-7. En pleno franquismo, entre 1971 y 1972, la sociedad Autopistas del Mare Nostrum (Aumar) logró la concesión de los tramos Salou-Valencia y Valencia-Alicante por un plazo de 27 años. El contrato de explotación debía haber concluido en 1998, aunque continua vigente tras haberse prorrogar en varias ocasiones.
